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| Cuadro de Ferrer Dalmau que representa una carga de la caballería carlista |
Y LA ALARMA DE LOS ALCALDES CONSTITUCIONALES DE LA ZONA
Manuel Fernández Espinosa
CONTEXTUALICEMOS
Con la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833 estalló la Primera Guerra Carlista que duró siete años. Esta Guerra Civil del siglo XIX se entiende mal si se cree que la razón es la de un simple conflicto sucesorio al trono: es de saber que, según la ley sálica que trajeron los Borbones a España en el siglo XVIII, las hijas del monarca no podían sucederlo; Fernando VII no tuvo hijos varones, por lo que promulgó la Pragmática Sanción que permitía, tras su muerte, que su hija Isabel lo sucediera como reina. No obstante, Isabel era una niña a la muerte de su padre y su madre, viuda de Fernando VII, María Cristina de Borbón quedaría como Regente del Reino hasta que fue depuesta por las intrigas de sus propios partidarios militares. Sin embargo, a su muerte, Fernando VII tenía un hermano segundón, D. Carlos María Isidro de Borbón que -conforme a la ley sálica- le correspondía la sucesión al trono y que era el favorito de la España más tradicional. Por eso, con la muerte de Fernando VII, se declaró la guerra.
Aunque el problema sucesorio era el motivo más visible, una guerra como esa no se hubiera alargado tanto en el tiempo de no ser por estar, desde décadas antes, muy dividida España en dos bandos claramente enfrentados, los mismos que, ya desde las Cortes de Cádiz, venían dedicándose un recelo mutuo que fue convirtiéndose en odio irreconciliable. A saber: los partidarios de una modernización a ultranza de España, la cual entrañaba una Constitución (la de Cádiz de 1812) y la supresión del Antiguo Régimen y sus relaciones jurídicas, aboliendo las instituciones tradicionales que no sólo eran privilegios nobiliarios y eclesiásticos, sino también comunitarios (los fueros), a este bando los llamaremos "constitucionales" o "liberales". Y enfrentados a ellos: los acérrimos defensores de la monarquía tradicional y las instituciones del Antiguo Régimen, que bien podrían denominarse "tradicionalistas" que, con la Guerra de 1833 pasaron a llamarse "carlistas": en la propaganda bélica, los carlistas llamarían "negros" (beltzas, en euskera) a los liberales y los liberales tildarían como "facciosos" a los carlistas. En ambos bandos, en efecto, existían matices y no todos los que formaban parte de una de las dos Españas tenían la misma opinión política: entre los liberales, los había conservadores -hoy diríamos la derecha- y revolucionarios -la izquierda. Entre los tradicionalistas, los había que abogaban por la restauración de la Inquisición -llamados "apostólicos"- y los que defendían los fueros -y la identidad regional- contra la uniformización centralista y liberal de España.
Aunque la guerra carlista se recrudeció en Navarra, Provincias Vascongadas, Cataluña y el Maestrazgo, lo cierto es que la guerra estaba en todas partes, aunque la intensidad fuese de diversa consideración. En Extremadura, había partidas carlistas. En Galicia, las había. En Castilla, en La Mancha... vivaqueaban los carlistas. Y en Andalucía, como no podía ser menos, también. En los siete años de conflicto armado que duró la Primera Guerra Carlista (hubo otras a lo largo del siglo XIX), la mayor parte de España estuvo bajo control constitucional, "estabilidad" frágil, pues permanentemente era amenazada por los partidarios carlistas nativos de cada región que se levantaban en armas o bien por los carlistas que, procedentes del norte (donde tenían su feudo), realizaban expediciones como la del General D. Miguel Gómez Damas (Torredonjimeno, 1785 - Burdeos, 1864), pero aunque la Expedición Gómez recorrió en zigzag la Península Ibérica de norte a sur y de sur a norte, los que más se adentraron en la Sierra de Segura fueron los carlistas manchegos, como el famoso "Palillos", así como otros, naturales de Granada y Murcia. Pero la prueba evidente de que el carlismo tenía sus partidarios en el mismo corazón de la Sierra de Segura nos lo da el documento que voy a exponer a continuación y que este contexto histórico-ideológico servirá mejor para desentrañar.
EL DOCUMENTO
Se trata de un oficio por el que los alcaldes constitucionales de la zona se comunican por los medios más rápidos de que disponían en aquel tiempo (esto es: por mensajero a uña de caballo) la alarma y las medidas que tomar ante la verificación de presencia de partidas carlistas. El documento se encuentra en el Archivo Histórico Nacional y abajo lo enlazo.
Es el 11 de octubre de 1836 -van tres años de guerra civil- y parece que en Siles se detecta la presencia de partidas carlistas que merodean por la Sierra de Segura. En el documento se hace constar que: esos "facciosos" (recuerdo que éste era el término con el que los constitucionales se referían a los carlistas) eran "los más paisanos y vecinos de los mismos pueblos del Partido". Esto significa que no se trataba de una expedición foránea, como fue la columna expedicionaria que, aunque comandada por el General Gómez Damas (nacido en Torredonjimeno) estaba formada por voluntarios de procedencia muy variopinta: aunque abundaban los vascos y navarros, en la columna de Gómez Damas había castellanos, aragoneses, valencianos, catalanes y hasta portugueses. Los carlistas que ponen en guardia a los alcaldes constitucionales de la Sierra de Segura en octubre de 1836 son carlistas nativos, lo cual no hacía sino aumentar más su peligrosidad potencial, en virtud de conocer bien el terreno. La notificación de estos movimientos forma una serie de oficios que, empezando en Siles, pasa a Santiago de la Espada y de Santiago de la Espada corre el aviso a la Puebla de Don Fadrique, de la Puebla de Don Fadrique el oficio pasa a Huéscar, de Huéscar se hace llegar a Cúllar y de Cúllar a Baza, donde se remite, a su vez, a Guadix.
El alcalde constitucional de Santiago de la Espada -como en el cuerpo del documento se hace constar- era a la sazón D. José Ruiz Marín: muy probablemente sea pariente -tal vez hermano; pero podría ser también hijo o sobrino- de D. Julián Ruiz Marín, del que ya me ocupé en su momento: ver aquí. Esto es interesante advertirlo, puesto que cuando traté el perfil político-ideológico de D. Julián Ruiz Marín, éste mostró ser un refractario a los liberales durante los años del absolutismo fernandino, sufriendo por ello persecución durante el Trienio Liberal, aunque en el Campo de Gibraltar, donde desempeñó sus cargos políticos muy lejos de sus lares: D. Julián Ruiz Marín era todo un absolutista. Este familiar suyo, José Ruiz Marín, parece sin embargo haber tomado partido por el constitucionalismo, permaneciendo leal a los regentes (María Cristina y Baldomero Espartero) que gobiernan durante la minoría de edad de Isabel II.
Las disposiciones que se adoptan son las de movilizar a los vecinos de los pueblos concernidos, vecinos que estaban alistados a la llamada "Milicia Nacional" (suerte de milicia de voluntarios ciudadanos que prestaban servicio apoyando a las tropas regulares y mercenarias -hubo ingleses y franceses enrolados a sueldo al servicio de los liberales españoles- que defendían el régimen constitucionalista): la Milicia Nacional se trataba, por lo tanto, de un cuerpo paramilitar formado por vecinos que no eran soldados regulares, sino que prestaban servicio paramilitar puntualmente, según la coyuntura. La circular ordena que se haga leva rápida de estos milicianos nacionales -"la fuerza que se pueda reunir"- y, una vez dotados convenientemente de armamento y municiones, bien pertrechados, sean dirigidos a Santiago de la Espada bajo sus mandos respectivos. El plan era concentrarse en Santiago de la Espada, para desde allí emprender el camino a la villa de Segura de la Sierra ("a donde permanecerán acantonados") "y por este medio perturbar el que no acometan [los carlistas] por este punto que no es dificultoso lo atenten".
No sabemos en lo que terminarían aquellos movimientos de las Milicias Nacionales, montadas precipitadamente para atender la emergencia de las partidas carlistas segureñas que los alcaldes constitucionales y la Capitanía General de Granada sospechaba que podían apoderarse de Segura de la Sierra. Lo que sí sabemos es que un año después -en 1837- la partida carlista del manchego "Palillos" tomó Orcera, quemando los archivos de la propiedad, lo cual fue con gran regocijo de los serranos, pues la destrucción de esos archivos suponía un respiro para la población, constreñida por los inveterados litigios con la administración estatal a cuenta de la propiedad y aprovechamiento de los montes. Este "Palillos" ya había tenido una refriega en los ejidos de Génave (lo conté aquí) años antes, en 1834, cuando también castigó Albadalejo; y, es curioso, la parroquia de Albadalejo, en aquel entonces, cuando sufrió la entrada de "Palillos" estaba regida por el presbítero gallego D. Benito Rodríguez Caballero que, posteriormente, pasaría a ser párroco de Santiago de la Espada y cuya semblanza recogí someramente en un número de la revista ZURRIBULLE.
Toda esta documentación dispersa que vamos allegando y estudiando nos dice que la Sierra de Segura fue un foco de carlistas, a pesar de que la oficialidad institucional hiciera todo lo posible por mantenerlos a raya. No es de extrañar, pues como Miguel de Unamuno escribió: el carlismo no es un partido político que pueda definirse por una cuestión dinástica, sino que el carlismo fue lo rural frente a lo urbano, el campesino y el ganadero contra el burgués de las ciudades, el español de siempre contra las novedades.
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| Primera página del documento |
